Obligan a municipios a hacerse cargo de los accidentes de la futura autopista

En las últimas horas, ha surgido una polémica en torno a una cláusula de los nuevos convenios de Participación Público Privado (PPP) para la construcción y administración de corredores viales, entre ellos el que corresponde a la futura autopista que se construirá sobre la ruta 5.

Establece que los municipios deberán hacerse cargo de los servicios de primeros auxilios sanitarios y de extinción de incendios de todos los accidentes que pudieran surgir en sus respectivas jurisdicciones, lo cual hasta ahora correspondía a las empresas concesionarias de las rutas.

Según alertó la Defensoría del Pueblo de la provincia, los nuevos concesionarios que se hicieron cargo de los proyectos de obra pública a partir de octubre del año pasado, dieron de baja los acuerdos que tenían con empresas de ambulancias y otras emergencias. Por lo tanto, todos los costos deben ser afrontados hoy por los municipios.

Ante tal situación, el organismo que dirige Guido Lorenzino adelantó que presentará un recurso judicial para frenar esa disposición. “Los municipios enfrentan estos gastos, por lo que estamos ante una transferencia indirecta a los bonaerenses. Muestra la decisión del gobierno nacional de no proteger a la gente y garantizarle los negocios a las empresas”, manifestó.

Según informa el diario Clarín, los proyectos PPP son la apuesta fuerte del Gobierno para recuperar los niveles de inversión en obra pública después del estallido de las devaluaciones de la moneda en 2018. La crisis cambiaria y financiera obligó a las autoridades nacionales a revisar la estructura de esta mecánica de contratación.

Es que después del derrumbe de la moneda y con las tasas por las nubes, dejó de ser atractiva la propuesta para los inversores. Incluso, el acercamiento con el FMI también puso entre paréntesis a los PPP, porque entiende que es una forma de endeudamiento que abulta el déficit fiscal.

Intendentes se mostraron molestos debido a los nuevos gastos que implica para sus respectivos municipios. Un caso es el del jefe comunal de Cañuelas, Gustavo Arrieta, que debe sumar casi dos millones de pesos por mes para asistir -con ambulancias y grúas- a los usuarios de las autovías 3 y 205, que atraviesan su distrito. El alcalde de Junín (ruta 7) también está haciendo gestiones ante Vialidad Nacional, para encontrar una solución.

“Pareciera que la única política del gobierno es ir en contra de los usuarios, por lo que analizamos presentarnos ante la Justicia para que se revea esta situación que golpea a los municipios y afecta a los ciudadanos”, advirtió el Defensor del Pueblo en un comunicado.

Asimismo agregan: “Los nuevos contratos de Participación Público Privada (PPP) en las concesiones de rutas bonaerenses perjudican a los municipios, porque asumirían competencias que le corresponden a las empresas concesionarias.

Desde la Defensoría enviamos notas a todos los municipios afectados y expresamos nuestra preocupación por el efecto que tendrá en la calidad de prestación de los servicios de salud y bomberos ante eventuales accidentes, además del costo que demandará estas prestaciones”.

Esta medida alcanzará a los corredores viales A (rutas nacionales 3 y 226); B (RN 5); C (RN 7); E (rutas nacionales 193 y 9); 2 (RN 188); 8 (RN 8); 18 (RN 12); y Sur (rutas nacionales 3 y 205).